El Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, que establece el marco normativo para la protección, conservación y mejora del medio ambiente en la comunidad autónoma, determinando los derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas. El nuevo texto se dicta al amparo del artículo 11.1.a) del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, que prevé la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente y ecología, y deroga la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente.

Ley de administración ambiental en el País Vasco

La ley tiene como principales objetivos los de proteger a los ciudadanos frente a las presiones y riesgos medioambientales; proteger el medio ambiente, prevenir su deterioro y restaurarlo; promover una economía sostenible, circular e hipocarbónica; establecer medidas de reducción de gases de efecto invernadero; impulsar la corresponsabilidad público-privada en la protección del medio ambiente; agilizar la Administración ambiental mediante la simplificación y unificación de procedimientos; fomentar la educación ambiental en todos los niveles educativos, y garantizar un desarrollo ambientalmente sostenible.

La norma también establece los principios en los cuales se fundamenta y que constituyen las pautas de actuación de las administraciones públicas: cautela y acción preventiva, prevención de la contaminación en su origen y quien contamina paga; acceso a la información, transparencia y participación de la ciudadanía en el diseño y ejecución de las políticas públicas; utilización racional de los recursos naturales y uso eficiente de la energía; integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones; adaptación al progreso técnico de las instalaciones y actividades para la protección del medio ambiente; responsabilidad compartida entre los agentes públicos y privados, y autosuficiencia y proximidad en la gestión de residuos.

Además se formulan los derechos y deberes de las personas públicas y privadas en relación, entre otros aspectos, con el derecho al disfrute del medio ambiente, su protección, conservación y mejora.